entrevista telefónica con Sara Méndez,secretaria técnica de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, quien comenta sobre las repercusiones sociales de la militarización del estado de Oaxaca. / OGG / 5:32min / 5.4mb

La intervención de la fuerza pública en Oaxaca no soluciona los rezagos estructurales que vive el estado

La presencia del ejército en las calles debe obedecer el mandato y principios constitucionales; el artículo 89 fracc. VII y 129 constitucional son muy claro sobre las funciones de la totalidad de la Fuerza Armada. Sus funciones son la defensa de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Están impedidas para realizar labores de seguridad pública, salvo la declaración de suspensión de garantías individuales previsto en el Artículo 29 constitucional, debiendo solicitar la aprobación del Congreso de la Unión, por un tiempo limitado y previa justificación.

Las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, ha recomendado al gobierno mexicano, excluir a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Es de señalarse que en Oaxaca, la presencia del ejercito ha significado desapariciones forzadas, tortura, detenciones ilegales, y ejecuciones extrajudiciales; amén de los retenes y bases de operaciones mixtas que son en sí mismas violatorias de los derechos individuales, dadas las facultades inconstitucionales y discrecionales que poseen para actuar.

Las demandas que diversos sectores han vertido sobre el uso de la fuerza pública, alientan políticas de mano dura, claramente violatorias de los derechos humanos. No deben sacrificarse las garantías fundamentales, tampoco un Estado puede ser sustituido por el Ejército, esto significa dar un paso atrás en la construcción de un Estado Democrático y avanzar un paso hacia el autoritarismo.

No es posible recobrar la tranquilidad en la ciudad con soldados o policías federales apostados en cada esquina, o donde el circular de tanquetas militares se vuelva cotidiano. El ejército en las calles de Oaxaca o la PFP no es la solución.

La solución de la problemática de Oaxaca debe privilegiar la atención de los problemas sociales, en especial la gran desigualdad en la repartición de la riqueza, la erradicación de la corrupción y la falta de transparencia del quehacer gubernamental. No es intimidando, asesinando, aplicando parcial y arbitrariamente la justicia como van a resolverse los problemas del estado.

La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos demanda un alto a la militarización de Oaxaca y a la intervención de la fuerza armada. Exigimos el retiro de las tropas y equipo militar concentrado en el estado.